Audiencia preliminar penal

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la justicia penal se entraba en tres puntos: las agendas saturadas de los abogados defensores obligan a suspender y reprogramar diligencias, a veces por años; los acuerdos que deberían cerrarse en la etapa intermedia —la que filtra si el caso va a juicio— terminan pactándose ya en el juicio; y hay tribunales de tres jueces conociendo asuntos que podría ver uno solo. Agregan que el Código Procesal Penal no obliga con fuerza al imputado a estar en la audiencia preliminar.

Citan un oficio de la Dirección de Planificación del Poder Judicial de 2025: un 20% de los asuntos que llegan a los tribunales de juicio se resuelven con una medida alterna y un 11% con procedimiento abreviado, de modo que trasladar esos casos a la etapa intermedia liberaría un 31% de agenda para celebrar juicios.

Del mismo informe citan que un 12% de las cancelaciones de señalamientos se asocia a que el acusado no se presenta y que la sustitución del defensor impedido podría reducir un 7% esas cancelaciones. Advierten que, sin estos cambios, la etapa intermedia sigue siendo un nudo que impide avanzar y la confianza en el derecho decae.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 23 de septiembre de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Ir o quedar rebelde: A la audiencia preliminar deben asistir obligatoriamente el fiscal, el defensor y el imputado. Si el imputado no llega se le declara rebelde y se ordena su captura, salvo que después justifique un impedimento grave y legítimo.
• El último chance de arreglar: Después de la audiencia preliminar ya no se puede pedir conciliación, suspensión del proceso a prueba, reparación del daño ni abreviado —la condena pactada admitiendo el hecho—; se le advierte al imputado al declarar y a la víctima.
• Reparar el daño: La ley vigente permite extinguir la causa reparando el daño hasta la fase de juicio; el proyecto exige hacerlo antes o durante la audiencia preliminar, en delitos patrimoniales sin fuerza ni violencia y culposos, si no hubo otro beneficio en cinco años.
• Cambiar de abogado: Si el defensor no puede ir a una diligencia por incapacidad, vacaciones u otra cita ya agendada, debe avisar y el imputado tiene un plazo de hasta cinco días para nombrar otro; si no lo hace, se le asigna un defensor público.
• Si no llega el querellante: El abreviado se puede acordar con la sola conformidad del Ministerio Público cuando el querellante y el actor civil no comparecen. La víctima con domicilio conocido debe ser convocada, pero su ausencia no suspende la audiencia.
• Cuántos jueces juzgan: Los delitos con pena de hasta diez años de prisión pasan a juzgarse con un solo juez; los de más de diez años siguen con tres, salvo abreviado. Los tribunales de crimen organizado también actúan con un juez en esos casos.
• Reclamos y expediente: Los reclamos por defectos del procedimiento planteados en la investigación se difieren a la audiencia preliminar, salvo daño irreparable. Se elimina el plazo común de cinco días para examinar el expediente: las gestiones se hacen orales en la audiencia.