Crimen organizado ambiental

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el daño ambiental golpea a toda la sociedad y sostienen que, pese a esas declaraciones de principios, la legislación costarricense no trata como graves a la mayoría de los delitos ambientales: dicen que en más del 95 % de los casos las leyes de vida silvestre, forestal o de pesca los castigan con multas o con cárcel cuyo tope es de tres años o menos.

Según argumentan, eso deja fuera las herramientas de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que solo se aplican a delitos con penas de cuatro años o más: entre ellas los plazos más largos de investigación y la intervención de comunicaciones. Afirman que así quedan sin perseguirse las redes dedicadas a la tala ilegal y al tráfico de flora y fauna en peligro de extinción, que describen como una de las actividades ilícitas más rentables del mundo.

Citan un reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2016 sobre delitos contra la vida silvestre y una resolución de la Asamblea General de la ONU de 2019 que insta a los Estados a tipificar como delito grave el tráfico de especies protegidas. Aclaran que no buscan subir penas en todos los casos, porque dicen que muchas infracciones las cometen personas en condiciones de pobreza, desempleo y exclusión, sino distinguir esos casos de los de crimen organizado.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 11 de agosto de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• El agravante: Sube a la mitad más las penas de cárcel por delitos ambientales cuando los comete un grupo estructurado de dos o más personas que existió durante cierto tiempo y actuó de común acuerdo para cometerlos.
• A cuáles delitos: El aumento cubre los delitos del capítulo penal de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, los del capítulo de delitos de la Ley Forestal, dos artículos de delitos de la Ley de Pesca y Acuicultura y el de tortugas marinas.
• Las tortugas: Mantiene la cárcel de uno a tres años para quien mate, cace, capture, destace, trasiegue o comercie tortugas marinas, y de tres meses a dos años por retenerlas con fines comerciales; con grupo organizado esas penas suben a la mitad más.
• Las multas: En los delitos de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre cometidos por ese tipo de grupo, deja de aplicarse la pena de multa que traen esos delitos: queda solo la cárcel agravada.
• Lo que no cambia: Se conserva la regla de que no es delito recolectar huevos de tortuga lora en el Refugio de Vida Silvestre de Ostional, siempre que se haga siguiendo el reglamento del Ministerio de Ambiente y Energía.
• Desde cuándo: Las penas agravadas empiezan a regir desde que la ley se publique, sin plazo de transición.