Secretos de Estado

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que, pese a que la Constitución permite el secreto de Estado como excepción al derecho de entrar a las oficinas públicas a informarse, nunca se dictó la ley que lo desarrolle. Sostienen que ese vacío dejó la materia regulada de forma dispersa e imprecisa y llevó al Poder Ejecutivo a clasificar información por decreto, caso por caso, sin concepto, procedimiento ni criterios definidos.

Citan la resolución 00136-2003 de la Sala Constitucional, que habla de una omisión legislativa de más de cincuenta años y de una costumbre contraria a la ley, y el caso Claude Reyes y otros contra Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual toda restricción al acceso a la información exige una ley formal, un fin legítimo y ser proporcional.

Advierten que, sin reglas claras, el secreto puede usarse para negar a la ciudadanía y a la prensa información de interés público, encubrir abusos de poder, el mal manejo de fondos públicos o violaciones a los derechos humanos. Recuerdan que una iniciativa anterior con el mismo fin, el expediente 21.172, terminó archivada.

Qué dice el texto

• Quién lo declara: Solo el Poder Ejecutivo, por decreto motivado y por causales tasadas de seguridad, defensa de fronteras, protección de personal de seguridad y relaciones exteriores; debe probar un riesgo real y, ante la duda, prevalece divulgar.
• Lo que nunca es secreto: No puede ocultarse información sobre genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada u otras violaciones a derechos humanos por funcionarios o fuerzas del orden, ni los montos y expedientes de compras públicas.
• Excusas prohibidas: No sirven para declarar secreto la imagen de una autoridad, la responsabilidad de un funcionario, los errores, las ilegalidades ni la gestión ineficiente; el secreto tampoco puede derivar de la materia ni del órgano que produjo la información.
• El plazo: El decreto fija la duración, con tope de cinco años, prorrogable una sola vez hasta diez en total. Vencido el plazo la información vuelve a ser pública sin necesidad de trámite y entregarla es obligatorio.
• Pedir que se abra: Cualquier persona puede solicitar la desclasificación anticipada y debe resolverse motivadamente en diez días hábiles; sin respuesta se tiene por denegada. Un juez puede ordenar la apertura inmediata.
• El filtro previo: Antes de declarar o prorrogar, el Ejecutivo debe consultar a la Procuraduría General de la República, que dictamina en quince días hábiles; sin dictamen no puede emitirse el decreto y el criterio se publica.
• Castigos al funcionario: Declarar sin motivación o sin consulta previa es falta grave: suspensión sin salario de quince a treinta días. Retener información ya pública o tapar violaciones a derechos humanos es gravísima: despido o cese del ministro.