Albergues para adultos mayores

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el Estado tiene una deuda con las personas adultas mayores en situación de calle y abandono, aunque la Constitución y la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor le ordenan protegerlas y darles vivienda y asistencia. Afirman que el modelo de subsidios a organizaciones de bienestar social, que reciben dinero del Fodesaf (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) por medio del Conapam, llegó a su límite: faltan cupos e infraestructura estatal y se depende de terceros.

Citan un informe del IMAS con datos de setiembre de 2025. Ese informe contabiliza 673 personas adultas mayores viviendo en la calle. Agregan que el Conapam reporta un aumento constante de casos de abandono, que cerca del 48,2 % de la población de 65 años o más no tiene pensión y que más del 20 % vive en pobreza.

Señalan como principal obstáculo la inestabilidad del presupuesto de los programas sociales. Por eso plantean una fuente de dinero fija, para que la atención no dependa de los cambios políticos o económicos de cada año.

Qué dice el texto

• A quién aplica: Toda persona adulta mayor detectada o referida en situación de calle o abandono tiene derecho a un cupo de atención. El Estado debe acogerla en un plazo máximo de 72 horas desde que las autoridades la refieren.
• Quién lo maneja: Crea el Sinace, un órgano desconcentrado del Conapam: una dependencia con personalidad jurídica y patrimonio propios, que construye y administra directamente los albergues y centros de atención.
• Las empresas públicas: El fondo Fomayor recibe el 0,08 % de los ingresos brutos de trece entes estatales, entre ellos ICE, CNFL, Racsa, ESPH, BNCR, BCR, Banco Popular, INS, Recope, Correos, Incofer, Japdeva y Sinart.
• Otros aportes: También aportan las municipalidades (0,003 % del presupuesto ordinario), las universidades públicas (0,05 % de su presupuesto) y la JPS, con un porcentaje de sus utilidades que el texto escribe en letras como 1,5 % y en cifras como 0,5 %.
• Los jerarcas: Rebaja obligatoriamente el 0,5 % del salario nominal (el bruto, antes de rebajos) a presidente y vicepresidentes, ministros, viceministros, diputados, magistrados y presidentes ejecutivos de instituciones autónomas.
• El traslado: Conapam, Fuerza Pública, policías municipales, IMAS y CCSS deben aplicar un protocolo para llevar a la persona al centro más cercano, con valoración de salud y sin usar patrullas comunes. La policía no puede limitarse a moverla de lugar.
• El control: La Contraloría audita el fondo cada año. El Conapam debe publicar cada tres meses en su sitio web la ejecución del presupuesto, los cupos activos y la lista de donantes.