Trazabilidad de honorarios de abogados
Nombre oficial: Ley para Garantizar la Trazabilidad y el Origen Lícito de los Honorarios Percibidos por los Abogados que Litigan a Favor de Imputados por Narcotráfico y Crimen Organizado
Dónde va
Ver quién lo presentó
- Antonio Trejos Mazariegos, Edgardo Vinicio Araya Sibaja, Joselyn Fabiola Sáenz Núñez, María Eugenia Román Mora, Sigrid Violeta Segura Artavia, José María Villalta Flórez Estrada, Vianey Briyith Mora Vega · Frente Amplio
- José Miguel Villalobos Umaña, Zaira Murillo Marín, Osvaldo Artavia Carballo, Grethel María Ávila Vargas · Pueblo Soberano
- Ángela Ileana Aguilar Vargas · Liberación Nacional
- Abril Gordienko López · Unidad Social Cristiana
- Claudia Dobles Camargo · Agenda Ciudadana
La vota la comisión que la estudia
Ver en qué comisión se vio
- Comisión de Seguridad y Narcotráficodesde el 11 sept 2026
Según la tramitación oficial de la Asamblea.
Necesita la mayoría de quienes estén presentes (29 si votan los 57) · puede subir a 38 durante el trámite
Por qué
Mayoría absoluta — 29 de 57 si votan todos
La regla general (art. 119) es la mitad más uno de los diputados presentes: 29 si votan los 57. Para algunos proyectos, un informe del Departamento de Servicios Técnicos o un criterio de la Sala Constitucional puede elevar el requisito a 38; eso se determina durante el trámite, no se sabe de antemano.
La estudia la Comisión de Seguridad y Narcotráfico · 9 diputaciones
Qué sigue
Se estudia en la subcomisión 2 a la espera de las respuestas de las instituciones consultadas.
De qué trata
Rastrea el origen de honorarios en casos de narcotráfico
Busca garantizar la trazabilidad, es decir, que se pueda rastrear de dónde viene el dinero con que se pagan los honorarios de los abogados que defienden a imputados por narcotráfico y crimen organizado, y que ese origen sea lícito.
Para conversar
El problema que dice venir a resolver
Quienes lo firman sostienen que el efectivo es uno de los principales mecanismos para dificultar la reconstrucción de operaciones ligadas al lavado de dinero, porque no deja un registro que permita verificar después de dónde salieron los recursos ni quién intervino. Argumentan que, en investigaciones de criminalidad organizada, eso impide distinguir si un pago corresponde de verdad a honorarios profesionales o si es una vía para meter plata ilícita en el patrimonio de terceros.
Plantean que el derecho a una defensa técnica y a escoger abogado no puede restringirse por la gravedad de la acusación, pero que el secreto profesional protege la estrategia y las comunicaciones, no la forma en que se documenta el pago. Dicen que la medida no toca el monto de los honorarios ni la libertad de contratar.
Citan las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI, el organismo internacional que fija estándares contra el lavado, y evaluaciones hechas a Costa Rica por su brazo regional Gafilat, que señalan que los abogados solo quedan cubiertos en ciertas actividades. Mencionan además el límite europeo de 10.000 euros para pagos en efectivo, los de mil euros en España y Francia, quinientos en Grecia y 4.400 dólares en Uruguay.
Qué dice el texto
- El tope en efectivo: Los honorarios de la defensa se pueden pagar en efectivo hasta diez salarios base mensuales, la cifra de referencia que fija la Ley 7337 y que las leyes usan para calcular montos.
- Pasado el tope: Superado ese monto, los pagos siguientes deben hacerse con medios emitidos o procesados por entidades financieras supervisadas, o sea bancos y entidades bajo vigilancia estatal, que dejan registro de la operación.
- A quién aplica: Cubre los honorarios por representar a personas imputadas o condenadas por los delitos de la Ley 7786 —drogas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo—, incluidos procesos por delincuencia organizada.
- Pagos por partes: Se permite pagar en tractos según las etapas del servicio, pero los montos se suman cuando corresponden a la misma relación de defensa, sin importar la fecha o la actuación a la que se refieran.
- Los papeles: El abogado defensor debe conservar cinco años las facturas electrónicas que acrediten el servicio, contados desde el último pago de esa relación profesional.
- Si se incumple: El incumplimiento del abogado defensor se comunica a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas para que actúe según el régimen disciplinario que corresponda.
El porqué sale de la exposición de motivos y los puntos, del articulado del texto presentado el 25 de agosto de 2026. El argumento es de quienes lo firman; el proyecto puede cambiar durante el trámite.
El expediente completo —con el texto del proyecto— está en la consulta de expedientes de la Asamblea (se busca con el número 25.744).
Qué pasó la semana del 21 al 27 de septiembre
Se asignó a la subcomisión 2. La comisión rechazó 4 a 5, con los votos en contra del PPSO, una moción de consulta defendida por la diputada Segura Artavia. Esa moción incluía, entre otras, a Costa Rica Íntegra, el Foro de Justicia, las universidades públicas y la Asociación de Abogados y Abogadas Litigantes. La revisión de esa votación también se rechazó 4 a 5. El presidente Ramírez Zamora argumentó economía procesal y que la moción no se había conversado antes con las demás bancadas. Luego se aprobó 9 a 0 su propia moción, que consulta a Hacienda, la Procuraduría, el OIJ, el Ministerio Público, Seguridad Pública, el Colegio de Abogados, la Corte y los bancos del Sistema Bancario Nacional. Una moción de revisión posterior se rechazó 2 a 7. Las diputadas Segura Artavia y Gordienko López anunciaron que harán sus propias consultas a las organizaciones excluidas.
jue, 24 sept · Comisión
Fuente: el acta de la sesión 11 de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico (jue, 24 sept). La Asamblea no permite enlazarla directo: se busca por fecha en su consulta de actas de comisiones.
Quién lo apoya y quién lo objeta
Las 2 voces cuya posición sobre este proyecto quedó explicada en las actas de las 2 sesiones que hemos leído — no es el marcador de una votación, e incluye voces que no votan, como ministerios e instituciones invitadas. Cada quien queda del lado que sostuvo más veces.
Defiende el proyecto como una acción contra el narcotráfico y pide consultarlo a expertos y organizaciones especializadas.
Defiende el proyecto como una acción contra el narcotráfico y pide consultarlo a expertos y organizaciones especializadas. Reclama que el PPSO no explique por qué excluye a algunas.
Impulsa la reforma para dar trazabilidad al dinero del crimen organizado y sostiene que la medida es proporcional y no afecta el derecho de defensa
De otras 4 voces el acta no deja claro qué sostienen sobre el proyecto: 2 de Pueblo Soberano, 1 de Liberación Nacional y 1 de Unidad Social Cristiana.