Control de explosivos
Nombre oficial: Ley para el Fortalecimiento del Control, Trazabilidad y Seguridad en la Tenencia, Transporte, Almacenamiento y Uso de Explosivos, para Combatir el Terrorismo, Minería Ilegal e Inseguridad Ciudadana
Dónde va
Ver quién lo presentó
- Salvador Padilla Villanueva · Liberación Nacional
La vota la comisión que la estudia
Ver en qué comisión se vio
- Comisión de Ambientedesde el 5 ago 2026
Según la tramitación oficial de la Asamblea.
Necesita la mayoría de quienes estén presentes (29 si votan los 57) · puede subir a 38 durante el trámite
Por qué
Mayoría absoluta — 29 de 57 si votan todos
La regla general (art. 119) es la mitad más uno de los diputados presentes: 29 si votan los 57. Para algunos proyectos, un informe del Departamento de Servicios Técnicos o un criterio de la Sala Constitucional puede elevar el requisito a 38; eso se determina durante el trámite, no se sabe de antemano.
La estudia la Comisión de Ambiente · 9 diputaciones
Qué sigue
La subcomisión debe rendir su informe; después la comisión decide si lo dictamina.
De qué trata
Obliga a registrar todo uso de explosivos ante Seguridad
Obliga a toda persona o institución pública que use explosivos a registrar compras, transporte, bodegas e inventarios en un sistema digital del Ministerio de Seguridad Pública, endurece los requisitos del permiso y permite suspenderlo o revocarlo.
Según el texto presentado el 1 de mayo de 2026. El proyecto puede cambiar durante el trámite.
Para conversar
El problema que dice venir a resolver
Quien lo firma parte de que la Ley de Armas y Explosivos, la ley 7530 de 1995, fue hecha en un contexto tecnológico distinto y se quedó corta frente al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la minería ilegal. Sostiene que la información sobre compra, transporte, almacenamiento y uso de explosivos está dispersa y poco digitalizada, lo que dificulta detectar desvíos, controlar remanentes e investigar delitos.
Afirma también que hay vacíos respecto de las instituciones públicas que usan explosivos o sustancias precursoras —químicos con los que se pueden fabricar explosivos— y que el Estado debería someterse a los mismos estándares de inventario y control.
Cita que en 2024 la secretaria general de Interpol, la organización internacional de policía criminal, manifestó preocupación por el aumento del uso de explosivos por parte de grupos criminales, y menciona la sentencia 09220-2019 de la Sala Constitucional sobre la potestad estatal de regular actividades peligrosas.
Qué dice el texto
- El registro obligatorio: Crea el Sirnade, un registro digital obligatorio en la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, donde hay que anotar permisionarios, personal, compras, transporte, bodegas, inventarios, uso y destrucción.
- Para sacar el permiso: Quien pida autorización debe sumar certificación técnica, inspección previa del sitio, protocolos aprobados, póliza de responsabilidad civil, control de inventario, personal capacitado y estudio de antecedentes penales y administrativos.
- Las instituciones públicas: Toda entidad estatal que use explosivos debe nombrar un responsable técnico certificado, llevar inventario digital, reportar movimientos cada mes y someterse a auditorías; incumplir acarrea responsabilidad administrativa, civil y penal.
- El transporte: Exige vehículos certificados, geolocalización y monitoreo en tiempo real, rutas autorizadas, protocolos de emergencia y custodia especializada si Armamento lo pide. Prohíbe transportar en horarios o condiciones de riesgo alto.
- Si hay pérdida o robo: Quien tenga explosivos asume un deber especial de custodia y responde administrativa y civilmente por pérdida, robo, desvío, almacenamiento indebido u omisión de controles, salvo que pruebe caso fortuito o fuerza mayor.
- Inspecciones y cierre: Armamento puede inspeccionar en cualquier momento inventarios, sistemas, polvorines y registros; negarse sin justificación suspende el permiso de inmediato, y también se puede revocar por inconsistencias o riesgo para la seguridad.
- Precursores y plazo: El Poder Ejecutivo reglamentará el control de sustancias precursoras —químicos con los que se pueden fabricar explosivos—, pudiendo fijar licencias y límites de compra. Quienes ya tienen permisos cuentan con doce meses para adecuarse.
El porqué sale de la exposición de motivos y los puntos, del articulado del texto presentado el 1 de mayo de 2026. El argumento es de quienes lo firman; el proyecto puede cambiar durante el trámite.
El expediente completo —con el texto del proyecto— está en la consulta de expedientes de la Asamblea (se busca con el número 25.583).
Qué pasó la semana del 21 al 27 de septiembre
El expediente se mencionó sin discutirse.
- Una sesión, en la Comisión de Ambiente (martes, 22 de septiembre).
- Nadie fijó postura sobre el proyecto en el acta.
Fuente: el acta de la sesión 12 de la Comisión de Ambiente (mar, 22 sept). La Asamblea no permite enlazarla directo: se busca por fecha en su consulta de actas de comisiones.