Gestión integrada del recurso hídrico

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la Ley de Aguas de 1942 se hizo para un país agroexportador y ya no responde a las exigencias ambientales ni al cambio climático. Agregan que las competencias sobre el agua quedaron repartidas entre muchas instituciones con reglas que se traslapan y compiten, lo que —dicen— produce una gobernanza débil del recurso.

Recuerdan que la reforma al artículo 50 de la Constitución, en 2020, reconoció el acceso al agua potable como derecho humano, y que la Sala Constitucional viene señalando desde el año 2000 la necesidad de una ley marco de agua. Afirman que llevar ese derecho a la práctica con una ley de más de 80 años resulta imposible.

Citan a un especialista en derecho ambiental según el cual el 90,1% de la población recibe agua de calidad potable y cada habitante consume 1.490 metros cúbicos al año, un 8% más que el promedio mundial. Sostienen además que solo se trata el 3% de las aguas residuales del país y que el canon por uso del agua genera más de 10 millones de dólares al año.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 30 de octubre de 2024. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• La ley que se cae: Deroga la Ley de Aguas de 1942, salvo su capítulo sobre playas y zonas marítimas, que se mantiene; también deroga cuatro artículos de la Ley General de Salud referidos a aguas.
• El registro de pozos: Quien ya aproveche agua con concesión o permiso debe inscribirlo en un plazo improrrogable de seis meses en el Registro para la Gestión del Recurso Hídrico, y los dueños de fincas deben reportar sus fuentes permanentes y pozos en operación.
• El canon en la tarifa: El canon creado por la ley, o sea el pago por usar el agua y por verter aguas residuales, se incorpora a la tarifa de los servicios públicos municipales que usen ese recurso.
• Las multas: Las infracciones graves —verter por encima del máximo permitido, actividades prohibidas en áreas de protección, reportar datos falsos, incumplir el caudal ambiental— se multan con tres a cuatro salarios base; las leves, con uno a dos.
• Cárcel por usar sin permiso: Fija prisión de uno a tres años a quien, con ánimo de lucro, desvíe aguas que no le corresponden, estorbe el derecho de un tercero o use agua sin concesión ni permiso, salvo los usos comunes que la ley reconozca.
• Minería: Antes de dar una concesión de explotación minera, Geología y Minas debe consultar a la Dirección Nacional de Aguas y al AyA, y lo que ellos digan sobre el impacto en el agua es vinculante: obliga a acatarlo.
• Concesiones ya otorgadas: Las concesiones de agua dadas antes de la ley siguen rigiéndose por la legislación anterior hasta que venzan; si se prorrogan, deben ajustarse a las nuevas reglas.