Bienestar animal

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la Ley 7451, de Bienestar de los Animales, y su reforma de 2017 quedaron cortas. Dicen que en muchos casos las penas no superan los tres años de prisión, lo que permite beneficios procesales que evitan el cumplimiento efectivo de la cárcel y genera una percepción de impunidad que debilita el efecto disuasorio de la norma.

Agregan que faltan capacidad de investigación penal, recursos técnicos y humanos, coordinación entre instituciones y fiscalización local, y que por eso muchas denuncias no avanzan. Señalan además definiciones ambiguas que generan inseguridad jurídica y la ausencia de principios como el reconocimiento de los animales como seres sintientes y el enfoque de salud integral, que vincula la salud humana, animal y ambiental.

Citan como desafíos pendientes la sobrepoblación de animales en abandono, la falta de acceso a servicios veterinarios en sectores vulnerables, la ausencia de programas sostenidos de educación en tenencia responsable y la carencia de registros unificados para seguir denuncias y reincidencias.

Qué dice el texto

• Las penas de cárcel: Fija de uno a tres años de prisión por crueldad, actos sexuales con animales y organizar o participar en peleas de animales, y de dos a cuatro años por causar dolosamente la muerte de un animal doméstico o domesticado.
• Muerte en un procedimiento: Si la muerte ocurre en una cirugía, sedación o eutanasia hecha sin la supervisión del veterinario responsable o en actividades y locales no habilitados, se impone el extremo mayor de la pena.
• Maltrato y abandono: Maltratar a un animal —causarle lesiones injustificadas— o abandonarlo se castiga con cincuenta a cien días multa; el tribunal puede sumar trabajo comunitario en refugios y cursos obligatorios sobre tenencia responsable.
• Las organizaciones animalistas: Asociaciones, fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro dedicadas al bienestar animal quedan habilitadas para intervenir en los procesos administrativos y judiciales por estas conductas.
• Registro de inhabilitados: Senasa administra un registro de personas con prohibición firme de poseer, custodiar, criar o comercializar animales; el Poder Judicial y otras autoridades deben reportarle esas resoluciones y las autoridades de control lo consultan.
• Campañas de esterilización: Las jornadas veterinarias fuera de una clínica requieren permiso previo de Senasa, un veterinario regente —el responsable técnico— inscrito ocho días antes, contrato escrito, bioseguridad y registro. Sin eso se tienen por no autorizadas.
• Lo que deben hacer las munis: Senasa, las instituciones públicas y las municipalidades deben ejecutar programas de esterilización, reducción de la población de animales abandonados con métodos humanitarios, adopción, tenencia responsable y educación.