Tasa de cobro judicial

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que los hogares costarricenses viven un sobreendeudamiento grave, agravado por la pandemia y otras crisis externas pero con raíces internas. Afirman que el modelo de cobro solo admite defensas como el pago o la prescripción, sin revisar cláusulas abusivas ni tasas de interés por encima del máximo.

Alegan que el Poder Judicial funciona como cobrador gratuito de entidades privadas, con recursos que podrían ir a otras materias. Sostienen que la mora judicial, o sea el atraso en resolver casos, viola el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. También afirman que cobrar por procesos puramente patrimoniales no niega el acceso a la justicia, y citan países que usan tasas judiciales.

Citan datos del Poder Judicial: 679 procesos de cobro nuevos por día, con un costo promedio de 173 mil colones cada uno. Según el texto, eso suma más de 100 mil millones de colones, el 23% del presupuesto judicial. Citan además la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de 2018, según la cual el 59,9% de los hogares tiene al menos una deuda.

Qué dice el texto

• Quién paga: La paga solo el acreedor, en un único pago al presentar la demanda. No puede trasladarla al deudor, ni cargarla en la tasa de interés ni reclamarla dentro del proceso de cobro.
• Cuánto cuesta: El 5% sobre el valor estimado de la demanda. Aplica a procesos monitorios de dinero, ejecuciones hipotecarias y prendarias (remate de bienes dados en garantía), embargos preventivos y otros cobros judiciales.
• Si no se paga: Si la demanda llega sin el pago o con un pago insuficiente, el juzgado pide corregirlo. En embargos preventivos y reposesiones hay cinco días; si no se cumple, la gestión se declara inadmisible y el proceso termina.
• Quién no paga: Quedan fuera las entidades públicas sin actividad comercial y las personas o empresas que no se dedican habitualmente a prestar o cobrar créditos. El juez puede exonerar a quien demuestre que no puede pagar.
• A dónde va la plata: Lo recaudado pasa íntegro al Poder Judicial, aparte de su presupuesto constitucional. Va a los juzgados de cobro: nuevos tribunales y plazas, tecnología, infraestructura y reducción del atraso.
• Educación financiera: Un 10% de lo recaudado cada año financia un programa nacional de educación financiera con el MEP, las universidades públicas y el INA, con prioridad en los cantones de menor desarrollo humano.
• El control: Cada año el Poder Judicial informa a la Contraloría y a la comisión de Hacienda de la Asamblea qué recibió, en qué lo invirtió y cómo evolucionan la resolución de casos y la mora de los cobros.