Transporte público limpio

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la ley de transporte en bus, de 1965, necesita ponerse al día para destrabar lo que frena el cambio de buses de combustión por eléctricos. También buscan que las empresas de buses se recuperen de la caída en la cantidad de pasajeros. Atribuyen al transporte basado en el carro privado y en combustibles fósiles la contaminación del aire, el ruido y las presas que alargan los viajes.

Citan un plan piloto de la cooperación alemana GIZ, según el cual la energía de un bus eléctrico costó un 19,2% de lo que cuesta la de uno de combustión en la misma ruta. Dicen que la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) llegó a un resultado parecido. Sostienen que, con concesiones más largas y crédito más barato, eso permitiría cobrar un pasaje menor.

Recuerdan que el Plan Nacional de Descarbonización pide que el 30% de los autobuses sean eléctricos para 2035. Citan que el transporte fue en 2021 la mayor fuente de gases de efecto invernadero del país, con el 43% del total.

Qué dice el texto

• Quince años: La concesión de una ruta de bus dura siete años, pero sube a quince si al menos el 51% de los buses son eléctricos. Quien no cumpla vuelve automáticamente a siete años.
• La meta por etapas: En los primeros diez años de la ley, la exigencia eléctrica sube por escalones: 10% de la flota el primer año de concesión, luego 20%, 30%, 40% y al menos 51% desde el quinto. Las concesiones con menos de siete años pueden pedir la ampliación.
• El rebajo de impuestos: Las empresas de bus que compren unidades eléctricas pueden rebajar del impuesto sobre la renta los intereses del préstamo, hasta la mitad del impuesto a pagar. Solo aplica si sus buses tienen pago electrónico.
• El carril exclusivo: En rutas nacionales con más de dos carriles por sentido, el MOPT debe dejar uno solo para buses y busetas, separado con barreras. Solo pasan vehículos de emergencia; quien lo invada paga una multa de ¢189 000.
• La plata de los peajes: El 40% de lo cobrado en peajes va a un fondo del IMAS para pagar pasajes de bus a familias pobres o vulnerables; otro 40% va al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para pagos por servicios ambientales, o sea por conservar la naturaleza.
• El precio del peaje: La Aresep debe actualizar el monto de todos los peajes del país según la inflación entre enero de 2000 y diciembre de 2024, medida con el Índice de Precios al Consumidor.
• Quién da el servicio: Las empresas y cooperativas de bus pueden asociarse con distribuidoras de electricidad para operar rutas eléctricas, y las municipalidades pueden operar tranvías o teleféricos eléctricos mediante empresas municipales.