Levantamiento del velo societario

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el ordenamiento costarricense no tiene una norma expresa que regule el abuso de la personalidad jurídica, es decir, el uso de una sociedad como escudo para fines ilegítimos. Afirman que esa separación entre el patrimonio de la empresa y el de sus dueños, pensada para el comercio legítimo, se presta para actos fraudulentos: confusión entre la plata de la sociedad y la del socio, préstamos sistemáticos del socio a la sociedad o dejar a la empresa sin capital suficiente.

Sostienen que, ante ese vacío, los jueces han tenido que resolver estos casos interpretando el Código Civil, en particular la norma que dice que la ley no ampara el abuso del derecho, sin que exista una guía legal específica sobre cuándo y cómo levantar el velo societario. Citan una resolución de un tribunal civil del Primer Circuito Judicial que corrigió el velo societario ante el abuso cometido por un socio único.

Recuerdan que dos proyectos anteriores sobre el mismo tema fueron archivados, uno por vencimiento de plazo y otro por considerarse su redacción demasiado general y escueta, y plantean que sin una regulación clara el problema sigue sin resolverse.

Qué dice el texto

• Cuándo se aplica: La personalidad jurídica de una persona jurídica mercantil deja de ser oponible, o sea no puede invocarse como escudo, cuando se usa de forma abusiva para infringir la ley, vulnerar el orden público, contrariar la buena fe o frustrar derechos de terceros.
• Quién responde: Los efectos de esos actos se imputan directamente a los socios o a quienes ejerzan una posición equivalente, que responden de forma solidaria e ilimitada por los daños y perjuicios: se les cobra a ellos sin agotar primero el patrimonio de la sociedad.
• El que manda sin ser socio: También responde el controlante no socio: quien no figura como accionista o cuotista pero manda de hecho sobre las decisiones del ente, si intervino de manera determinante en los actos abusivos.
• Quién lo declara: Solo un juez de la República puede declararlo, de manera excepcional, en un proceso declarativo y con efectos únicamente para ese caso; el juez debe garantizar la confidencialidad de la información revelada.
• La sociedad sigue viva: La declaración no disuelve ni extingue a la persona jurídica, que continúa funcionando conforme a la ley, y no afecta los derechos de terceros de buena fe.
• Quién se salva: Queda fuera el socio o equivalente que demuestre haber manifestado formal y oportunamente su oposición a las actuaciones que generaron el abuso, en asamblea o ante el órgano competente.
• Otras responsabilidades: Todo esto se aplica sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que individualmente correspondan a quienes participaron en los hechos, según su grado de intervención y conocimiento.